Entra en vigor el real decreto que unifica los baremos para determinar en toda España los grados de minusvalía que dan derecho a prestaciones sociales y a efectos laborales, tras su aprobación el pasado mes de diciembre por el Gobierno.
Este decreto, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE), tiene por objeto, además de regular el procedimiento para el reconocimiento de la discapacidad, establecer nuevos baremos y determinar los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento.
Los nuevos baremos para la calificación de los grados de minusvalía actualizan los métodos para evaluar las nuevas patologías.
Para garantizar la uniformidad en los criterios de aplicación de los baremos, se crea una Comisión Estatal que estará formada por representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de los órganos correspondientes de las comunidades autónomas a las que hubieran sido transferidas las funciones para la valoración del grado de discapacidad.
La calificación del grado de minusvalía tendrá en cuenta tanto las discapacidades que presente la persona como los factores sociales complementarios relativos a su entorno familiar y su situación laboral, educativa y cultural que hagan más difícil su integración en la sociedad.
Este real decreto también regula el procedimiento para establecer el grado de minusvalía y su posterior revisión, así como la reclamación que pueda interponer el interesado contra la resolución negativa de su grado de discapacidad.